La decisión del gobierno de Perú de prohibir el ingreso al país a Juan Grabois y otros dirigentes sociales y políticos argentinos ha generado una fuerte polémica en el ámbito regional. Los afectados por la medida pertenecen a la Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos, que viajó a Perú en febrero pasado para expresar su apoyo al ex presidente Pedro Castillo, destituido y detenido por el Congreso peruano.

Según la resolución de Migraciones, los integrantes de la misión son considerados una "amenaza al orden interno" y se les acusa de "promover movilizaciones" en favor de Castillo, quien según ellos sufrió un "golpe de Estado" y debe ser restituido en el poder. La medida fue impulsada por la diputada Patricia Chirinos, del partido Avanza País, que forma parte de la Carta de Madrid, un documento de derecha impulsado por el partido español Vox.

Los dirigentes argentinos rechazaron la prohibición y denunciaron que se trata de una violación a sus derechos humanos y a la libertad de expresión. Afirmaron que su visita a Perú fue pacífica y solidaria, y que solo buscaron testimoniar y denunciar las "atrocidades" cometidas por el gobierno de Dina Boluarte contra el pueblo peruano. Además, cuestionaron el rol de los medios de comunicación y el establishment peruano, que según ellos difundieron "fake news" y "malas intenciones" sobre su misión.

En este contexto, es importante analizar las implicancias políticas y sociales de esta decisión, que evidencia la polarización y la crisis institucional que vive Perú desde hace varios meses. ¿Qué intereses hay detrás de la prohibición? ¿Qué consecuencias puede tener para las relaciones bilaterales entre Perú y Argentina? ¿Qué papel juega la derecha internacional en este conflicto? Estas son algunas de las preguntas que intentaremos responder en este artículo.