En un hecho sin precedentes en la historia de Ecuador, el presidente Guillermo Lasso disolvió la Asamblea Nacional por decreto el pasado 20 de mayo, invocando el mecanismo constitucional de la "muerte cruzada". Esta decisión se produjo luego de que el parlamento, dominado por la oposición, iniciara un juicio político en su contra por presunto peculado o malversación de fondos en un contrato con una compañía de transporte petrolero.

Lasso argumentó que la Asamblea Nacional estaba obstaculizando su agenda de reformas económicas y sociales, y que era necesario convocar a nuevas elecciones legislativas y presidenciales para superar la grave crisis política y social que vive el país. El mandatario aseguró que seguiría en funciones hasta que se realizaran los comicios, previstos para el 15 de agosto, y que podría dictar decretos o leyes con la aprobación de la Corte Constitucional.

La disolución de la Asamblea Nacional generó una fuerte reacción de la oposición, que calificó la medida de inconstitucional, antidemocrática y golpista. El expresidente Rafael Correa, líder de la bancada de la Unión por la Esperanza (UNES), llamó a la movilización popular para defender la institucionalidad y el Estado de derecho. Por su parte, el movimiento indígena Pachakutik, que había apoyado el juicio político contra Lasso, anunció que se sumaría a las protestas contra el "autogolpe" del gobierno.

Sin embargo, Lasso contó con el respaldo de las Fuerzas Armadas, que emitieron un comunicado en el que reconocieron su autoridad como comandante en jefe y garantizaron el orden público y la seguridad nacional. Asimismo, el presidente recibió el apoyo del gobierno de Perú, encabezado por la vicepresidenta Dina Boluarte, quien asumió el poder tras la renuncia de Pedro Castillo por motivos de salud. Boluarte expresó su solidaridad con Lasso y afirmó que respetaba su decisión soberana de disolver el parlamento.

La situación en Ecuador es incierta y tensa, pues se espera que en los próximos días se intensifiquen las manifestaciones tanto a favor como en contra de Lasso. Mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral deberá organizar las nuevas elecciones en medio de un clima de polarización y confrontación política. Se desconoce si Lasso podrá mantener su popularidad y legitimidad ante el electorado, o si surgirán nuevas fuerzas políticas que disputen el poder.